Posteado por: Yamil Domínguez | julio 14, 2010

Solicitud de Revisión presentada ante el Ministerio de Justicia

La Habana, 26 de abril del 2010

“Año 52 de la Revolución”

 A: Dra. María Esther Reus González

    Ministra de Justicia

Yo, Inés María Ramos Nápoles, vecina de Calle 4 número 119 entre 1ra y 3ra Playa, Ciudad de La  Habana, con CI: 40012108557, en nombre de mi hijo, familia y el mío propio, solicitamos la Revisión urgente de la causa No.11/2008 de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Ciudad de La Habana, donde se sanciona a Yamil Domínguez Ramos a 10 años de privación de libertad por el delito de tráfico de personas.

 Yamil en todo momento se ha declarado inocente de los cargos que se le imputan. Al tribunal sancionador le bastó una declaración inicial que realizó Marleny González Rodríguez, previamente manipulada por un oficial de la Seguridad del Estado, para encontrarlo culpable y no la que vertió en el acto de juicio oral, declaración  esta, que ya había brindado a la instrucción durante los días previos a la Vista, exponiendo claramente que había sido inducida a declarar en contra de su esposo, lo cual hizo en la creencia que con eso lo beneficiaría.

 Recurrimos la sentencia en casación. El tribunal supremo anuló la Sentencia de primera instancia y ordenó en su segundo considerando que redactaran nueva sentencia erradicando los defectos señalados. (Anexo copia de la Sentencia No.2929/2008 del Tribunal Supremo Popular)

 Al volver las acciones al referido Tribunal Provincial, con un cambio de fecha, número de rollo y tipografía de la letra, éste redactó la sentencia en los mismos términos que la primera y con idénticos errores. Sin embargo, cuando interpusimos nuevamente Recurso de Casación ante el Tribunal Supremo, lejos de cuestionar el papel de los jueces sancionadores del tribunal de primera instancia, por haber hecho caso omiso a la orden dada, nos llevamos por sorpresa dolorosa que esta vez el Supremo, con otros jueces, ratificaba la segunda sentencia del Tribunal  Provincial. Desde entonces mi hijo cumple por un delito que no cometió. El proceso de revisión a través de un abogado nos cuesta 500. 00 CUC que no disponemos. Por lo que hoy elaboramos este informe con el propósito de que se revise el caso y con ello, se haga JUSTICIA. La decisión resulta inaplazable, más cuando Yamil, en reclamo a sus derechos civiles, cruelmente despojados, se encuentra en huelga de hambre desde el pasado 14 de abril.

 A continuación, explicamos las razones por las que Yamil no debiera estar sancionado y privado de su libertad:

 Primero: Yamil no tenía necesidad de traficar con seres humanos. Es un hombre trabajador y buen padre de Familia. Emigró por vía legal hacia los Estados Unidos de América, el 7 de diciembre del año 2000, con su segunda esposa y sus dos hijas menores. Desde que llegó a ese país comenzó a trabajar duro para progresar. Primero en empresas de la construcción, mientras estudiaba por un título universitario, objetivo que logró y que también le permitió, con esfuerzo propio, levantar su propia compañía. Este hecho le propició adquirir un buen estatus económico. Desde el punto de vista económico y financiero, repito, mi hijo Yamil no tenía necesidad de traficar con personas. 

 Segundo: Yamil no tenía por qué sacar, de forma ilegal, a su familia del país. En febrero del 2005, viajé a los Estados Unidos de América, gestión que él realizó. En septiembre del 2007, mi hermana y yo, teníamos pasaporte visado, y en octubre recibimos la carta de invitación para volver a visitar los Estados Unidos, previsto para ese fin de año. En agosto del propio año, su hija mayor, fruto de su primer matrimonio, que en aquel entonces tenía 13 años, se reunificó con él, trámite que él también efectuó. A propósito, desde el 13 de octubre del 2007, la niña se encuentra sin el amparo de ambos progenitores, pues la madre vive en Cuba. Desde el 24 de agosto del 2007, él contaba con la aceptación, por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, para los trámites de visa fiancés para Marleny González Rodríguez, visa que le permitiría a su actual esposa viajar con su hijo y reunirse con él, por lo que no había ninguna necesidad de venir a buscarla por vía ilegal, pues repito estaba ya autorizada la visa de su actual esposa desde la fecha antes mencionada y su expediente se encuentra abierto en la Sección de Intereses hasta tanto la situación de Yamil se solucione.

 Tercero: Mi hijo no tenía necesidad de entrar en el país ilegalmente. Ha viajado siete veces a Cuba, cuatro de ellas vía Cancún. A las 8:00 de la mañana del 13 de octubre, según me comunicó por teléfono el día 10,  se dirigía a Cancún, en su propia embarcación, para participar en un evento marino y posteriormente volar a La Habana, trayendo su equipaje, 54 discos de música, cámara de video, $1 900.00 USD, la documentación de la embarcación en regla y sus pasaportes actualizados, incluso el pasaporte cubano visado hasta el 2012. Debido a  dos tormentas en mar abierto, (diagnóstico real acreditado por el Instituto de Meteorología de Cuba y no pronósticos como escribieron en la sentencia) buscó auxilio para entrar en un Puerto Internacional la Marina Hemingway,. Éste fue el único motivo por el que se acercó  a las costas cubanas.  

 Yamil se vio obligado a arribar al puerto más cercano por fuerza mayor, lo que es permitido, según las normas internacionales de navegación y, aunque disponía de la técnica para avisar previamente su arribo, el artículo 215, acápite 2 del Código Penal, “Ley 62”,  lo exonera de responsabilidad penal. Por otra parte, todo delito tiene que ser debidamente probado, por lo que la Sala sancionadora no debió acoger el testimonio inicial de Marleny (su esposa), el cual se contrapone con el que hiciera Yamil y sin una sola prueba inalterable que lo avale, razón que el Tribunal Supremo en su sentencia No.2929 le señala al Tribunal de instancia; además, mi nuera realizó una acusación, previo al juicio, al oficial que la manipuló e incitó a declarar falso testimonio, vertió en la vista oral toda la realidad del proceso, así como los trámites legales por visa fiancés en la que se encontraba, con la que podía viajar con su hijo y que, dicho de paso, el tribunal omitió en su sentencia, pero que sí deben obrar como prueba documental y que anexamos copia certificada a este escrito.

 Si realmente Yamil tenía la intención de recoger a Marleny en la zona de La Puntilla (zona costera separada del malecón habanero por la desembocadura del río Almendares) y, si realmente Marleny se encontraba en dicho lugar ¿por qué no lo hizo, si contaba con una embarcación en perfecto estado técnico, con dos GPS que le informaban las posiciones y distancias de las embarcaciones cubanas, con suficiente combustible para seguir hacia Cancún o regresar a los Estados Unidos? Yamil entró a aguas jurisdiccionales cubanas por la zona de la Habana del Este y con movimiento oeste, a una milla de la costa, se dirigió rumbo al Puerto Internacional Marina Hemingway, siendo avistado por la embarcación de guardafroteras a la altura  del Hotel Tritón, donde baja los motores, espera la llegada del guardacostas y es escoltado por el mismo hasta el puerto internacional, acción que se corresponde con la declaración del testigo que lo escoltó. Del recorrido se infiere que mi hijo pasa por la zona que supuestamente Marleny lo estaba esperando y, sin embargo, nunca entró a recogerla. Este actuar demuestra, sin lugar a dudas, que Yamil jamás tuvo intenciones de recoger ilegalmente a Marleny.

 Cuarto: En la sentencia realizada por el tribunal sancionador se ha cometido ERROR DE DERECHO al calificar la participación de Yamil en los hechos declarados “probados”,  considerando a mi hijo, autor intencional directo de un delito de TRAFICO DE PERSONAS previsto y sancionado en el Artículo 348. 1 y 2 inciso ch) del Código Penal, lo que sin dudas ha trascendido al fallo dictado, sancionándolo a una pena de diez años de privación de libertad,  por un hecho que no cometió. Por otra parte, no se ajusta el contenido de la sentencia a las pruebas practicadas durante el Juicio Oral que pueden tener influencia en el fallo. De la lectura de la narración de los hechos, consignada en el resultando probado de la sentencia, no es posible comprender con precisión y claridad, ¿Cuál es el ánimo de lucro que está presente en las acciones supuestamente materializadas por mi hijo, o supuestamente emprendidas por él? Es evidente, que de ser cierto el argumento que pretende dar por probado en la sentencia, tales acciones estarían motivadas exclusivamente, por razones PURAMENTE SENTIMENTALES y de reunificación familiar, particular este que la Sala del Juicio admitió como cierto en el quinto considerando de la cuestionada sentencia, cuando afirma: “… el acusado sólo pretendía llevarse clandestinamente de Cuba a su prometida e hijo, no a otras personas ni con otros fines e intereses que no fueran sentimentales e impresionables porque con ello también puso en peligro su propia vida…” Si esto es cierto tal y como lo ha plasmado la Sala Segunda, puedo aseverar que los hechos, relatados en el resultando probado, no alcanzan la relevancia jurídica exigida por el legislador para integrar el delito de tráfico de personas, que erróneamente, calificó la sala de impulso. En los hechos relatados en el resultando probado y por los que fue sancionado mi hijo, no está presente uno de los elementos de tipicidad, tal vez  el más importante en esta figura delictiva, para su integración o corporificación, “EL ANIMO DE LUCRO”. En la Sentencia No.476 de 17 de enero del 2001, dictada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Popular, publicada en las páginas de la 50 a la 58, del Boletín correspondiente al año 2001, de ese Órgano Superior de Justicia, ratificando tal criterio al expresar: “… Tráfico de Personas (Art. 347.2 y 348.1 en relación con los artículos 9.1.2 y 12.1 del Código Penal). La figura delictiva del artículo 347.2 del Código Penal tiene cuerpo y vida propia, su formulación es clara y se quebranta por aquellas personas que sin estar facultadas para ello y motivadas por el ánimo de lucro, organicen o promuevan la salida del territorio nacional de personas que se encuentran en él con destino a terceros países…”. Esta propia sentencia admite, que en la calificación de esta tipología delictiva puede prescindirse, incluso de la dedicación a esa actividad, lo que no es posible respecto al ánimo de lucro, cuando en otro de sus considerandos afirma: “… presuponen actividades de las específicamente refrendadas en esas tipologías, donde no caben la asociación o vinculación alguna de personas que se encuentren en el territorio nacional con otras que se encuentren en otros países y viceversa y mucho menos cuando estén dedicadas al Tráfico de Personas con infracción de las normas migratorias, o aún no existiendo una dedicación, esas actividades estén motivadas por el ánimo de lucro, porque cuando existe tal vinculación y el propósito con que se participa es el de obtener beneficios económicos o lucro personal de cualquier tipo, atendiendo a la amplia acepción que posee este vocablo, la conducta se encuadra dentro del delito contra el normal Tráfico Migratorio…”. Esta sentencia que me fue dada a conocer y de la que he citado estos fragmentos, pone de manifiesto el ERROR DE DERECHO en que incurrió la Sala Segunda y que el Tribunal Supremo en su sentencia No. 2929/2008 le señala. De lo anterior estimo que, partiendo los hechos relatados en la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Provincial de Ciudad de La Habana como “probados”, la calificación legal correcta podría ser entonces la de ENTRADA ILEGAL EN EL TERRITORIO NACIONAL. Tal error de la Sala  es de extraordinaria trascendencia a la medida de la sanción que le fue aplicada (Diez años de privación de libertad), pues el delito calificado por la Sala, aún y cuando hizo uso del Acuerdo 239 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, posee un marco sancionador de veinte a treinta años de privación de libertad o privación perpetua de libertad, mientras que el delito supuestamente cometido por mi hijo, tiene un marco sancionador de uno a tres años de privación de libertad o multa de trescientas a mil cuotas. La adopción de la calificación legal que sugiero, según los hechos “probados” en la sentencia, reportaría un beneficio inestimable para mi hijo, pues, además de ser la más ajustada, en correspondencia con el resultando probado en la sentencia, por sus condiciones personales, sin antecedentes penales ni en Cuba ni en los Estados Unidos, con un adecuado comportamiento social y moral, provocaría una modificación sustancial de la medida de la sanción, sanción que ya tendría extinguida, ya que lleva 2 años y 8 meses privado de libertad.

No obstante, Yamil Domínguez no debiera estar ni un minuto más despojado de lo que no tiene precio, la libertad y muchísimo menos bajo el delito que se le imputó. Además, de ser un hombre con excelentes cualidades humanas, de procedencia revolucionaria, sin antecedentes penales y aún cuando todos los elementos que se declaran “probados” en la sentencia fueran veraces, según nuestro Código Penal, en su artículo 13.1, no es sancionable la tentativa cuando el sujeto, espontáneamente evita el acto delictuoso. De lo anterior se infiere que, de haber sido cierto que la intención de Yamil era recoger ilegalmente a su esposa e hijo, desistió, por su propia voluntad, de ese actuar, al seguir de largo y no entrar jamás a la zona donde supuestamente lo esperarían.

 En espera de que la verdad se imponga y se enmiende un error de la Justicia, antes de que los efectos sean peores para Yamil Domínguez y por consecuencia, para su familia.

 

 Inés María Ramos Nápoles madre de Yamil Domínguez, y demás familiares

 

 “En la justicia no cabe demora: y el que dilata su cumplimiento, la vuelve contra sí.”

                                                       José Martí. (Obras Completas, tomo 13, pág.320)

 

PD: Anexo

 Copia de la sentencia No.2929/2008 del Tribunal Supremo Popular.

Copia de documento notariado por la Sección de Intereses norteamericana en La Habana que acredita visa fiancés para Marleny González e incluye a su hijo.

Copias de Cartas de Invitación para Inés María Ramos Nápoles y Migdalia Nery Ramos Nápoles.

 

CC: Consejo de Estado.

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